Las emisiones ionizantes transmiten energía suficiente como para romper los enlaces químicos (ionización), pudiendo provocar daños en el material genético de la célula, el ADN. Son emisiones a muy altas frecuencias, por encima de los 10.000 millones de Mhz, y están presentes, por ejemplo, en los rayos X (radiografías).

Las emisiones no ionizantes, a frecuencias mucho menores, son demasiado débiles para producir daño a las moléculas que forman nuestras células y por lo tanto no producen ionización. Son de este tipo las producidas por los sistemas de radiocomunicación (telefonía móvil, televisión, radio, etc), la luz solar, el microondas y demás electrodomésticos, entre otros.

Según los organismos oficiales competentes en la materia, el principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, como los emitidos por la telefonía móvil, es el calentamiento de los tejidos del organismo. Los niveles de campos de radiofrecuencia a los que normalmente están expuestas las personas son mucho menores que los necesarios para producir un calentamiento significativo. Hasta la fecha, no se han confirmado efectos adversos para la salud debidos a la exposición a largo plazo a campos de baja intensidad típicos de ambientes residenciales o públicos (radio, televisión, cableado eléctrico o telefonía móvil).

Así, los comités de expertos entienden que si no se sobrepasa el límite de exposición establecido, no se producirán efectos perjudiciales para la salud. La ley sobre exposición a campos electromagnéticos de radiocomunicación vigente en nuestro país tiene en consideración lo anterior y aplica los márgenes de seguridad recomendados por la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Administración controla la seguridad mediante la aplicación del Real Decreto 1006/2001 , de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Se basa en el establecimiento unos límites máximos de campos electromagnéticos expuestos al público, traspuestos de la recomendación de la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, organización no gubernamental oficialmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Internacional del trabajo)

La Administración Central vigila por el cumpliento del ya mencionado Real Decreto 1066/2001 y por la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. Concretamente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) es el encargado de velar por el cumpliento de dicha normativa.

De forma resumida, un operador de radiocomunicación debe obtener como requisito previo a la puesta en funcionamiento de una estación base, la aprobación del proyecto de telecomunicaciones del MITyC, que está facultado para inspeccionar las instalaciones para corroborar que cumplen con la normativa vigente.

Además, con carácter anual los operadores deben presentar un nuevo estudio para vigilar que los niveles máximos permitidos se siguen cumpliendo. En la Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se sustituye la inspección previa al uso del dominio público radioeléctrico de determinadas estaciones radioeléctricas por una certificación expedida por técnico competente.

En este enlace puede consultar el Servicio de Información sobre Instalaciones Radioeléctricas y Niveles de Exposición del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.