El Estado tiene, básicamente, la competencia exclusiva en telecomunicaciones, es decir, tanto la legislativa básica como la de desarrollo, materializada en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y en la correspondiente normativa que la desarrolla.

Por su parte, las Comunidades Autónomas, en base a sus competencias en aspectos medioambientales, sanitarios y de ordenación del territorio, intervienen en la regulación de las telecomunicaciones, ya sea de manera directa o indirecta. Igualmente, las Entidades Locales, a través de las competencias que ostentan en materia urbanística, medioambiental, y de protección de salubridad pública, afectan de forma directa al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.

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